Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) permitió desmantelar una actividad de minería ilegal en el predio La Lomita, vereda Firita Peña Arriba, jurisdicción del municipio de Ráquira, donde se adelantaba explotación subterránea de carbón sin título minero ni licencia ambiental.
La acción de alto impacto fue liderada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, con el apoyo de la dirección regional Chiquinquirá, dejando descubierto graves afectaciones al medio ambiente. Según el informe técnico, se identificó una remoción de cobertura vegetal en un área aproximada de 6.400 metros cuadrados, además de depósitos de material estéril sin manejo adecuado.
“Esta disposición inadecuada representa una amenaza significativa para la estabilidad del terreno y la calidad del suelo, al provocar pérdida de nutrientes y facilitar el arrastre de sedimentos hacia fuentes hídricas por efecto de las lluvias”, explicó Yiber González, director regional de la CAR en Chiquinquirá.
Las autoridades también encontraron un manejo inadecuado de aguas residuales, que eran vertidas al suelo sin control de sustancias químicas, generando riesgo de contaminación de fuentes hídricas cercanas. A esto se suman emisiones de material particulado y el tránsito de maquinaria pesada, que afectan la calidad del aire, especialmente en temporadas secas.
De acuerdo con la CAR, la actividad ilegal generó además un deterioro progresivo del paisaje por la alteración del relieve, la exposición del subsuelo y la acumulación de residuos sólidos, ocasionando fragmentación de ecosistemas y desequilibrio en la biodiversidad local.
Ante la magnitud de los daños, las autoridades suspendieron de manera inmediata toda actividad minera en el lugar y decomisaron equipos utilizados en la extracción mecanizada de carbón. Como medida preventiva, la CAR ordenó el cese definitivo de la explotación ilegal.
Finalmente, la entidad ambiental reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar prácticas que atenten contra los recursos naturales y recordó que el desarrollo económico debe estar ligado a la sostenibilidad y al cumplimiento estricto de la normatividad ambiental.