El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió la directiva 013 del 28 de agosto de 2025, en la que recuerda a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas su deber de mantener absoluta neutralidad frente a las actividades de partidos, movimientos y controversias políticas, en el marco del proceso electoral que se avecina en Colombia.
El documento, firmado por el jefe del órgano de control, cobra especial relevancia de cara a las elecciones para el Congreso de la República (8 de marzo de 2026), así como para la Presidencia y Vicepresidencia de la República (31 de mayo de 2026 y, de ser necesario, segunda vuelta el 21 de junio del mismo año).
Prohibiciones expresas para funcionarios
La directiva establece un listado detallado de prohibiciones que buscan blindar el proceso electoral frente a interferencias indebidas desde la administración pública y garantizar condiciones de neutralidad y equidad. Entre ellas se destacan:
-
Utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o controversias políticas.
-
Presionar, acosar o inducir a particulares o subalternos a apoyar una campaña o causa política.
-
Usar bienes, recursos o información reservada del Estado para hacer proselitismo.
-
Desatender deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer participación política.
-
Destinar tiempo laboral a actividades políticas o financiar campañas, salvo las excepciones previstas en la ley.
-
Difundir propaganda electoral o pronunciarse a favor o en contra de candidatos, partidos o movimientos a través de cualquier medio.
-
Ofrecer beneficios indebidos desde la administración pública para influir en el voto ciudadano.
-
Autorizar el uso de bienes públicos con fines proselitistas.
-
Utilizar recursos estatales para financiar actividades políticas, salvo los dispuestos en el Fondo Nacional de Financiación Política.
Llamado a la ciudadanía
En la directiva, el Procurador General también exhorta a la ciudadanía a ejercer control social sobre el comportamiento de los funcionarios, instando a reportar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que se observe durante el proceso electoral, acompañada de los soportes que la acrediten.
“El respeto a estas disposiciones no solo preserva la legitimidad del proceso democrático, sino que también asegura que los recursos y funciones públicas estén al servicio de todos los colombianos, sin sesgos políticos”, enfatizó Eljach Pacheco.
Con esta medida, el Ministerio Público busca prevenir prácticas de proselitismo desde el aparato estatal y contribuir a que las elecciones de 2026 se desarrollen en un ambiente de transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana.