El Gobierno Nacional ratificó su invitación al trabajo conjunto con las comunidades rurales, destacando el diálogo social como la principal herramienta para construir consensos, garantizar derechos y proteger los ecosistemas estratégicos del país.
En un nuevo paso hacia la construcción de acuerdos con las comunidades rurales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirmó su compromiso con el diálogo social como eje central para la protección del Páramo El Cocuy y la Reserva Forestal El Cocuy, dos ecosistemas estratégicos fundamentales para el equilibrio ambiental y la seguridad hídrica del país.
Durante la Mesa de Diálogo No. 13, desarrollada en Bogotá, la ministra (e) Irene Vélez Torres reiteró que la protección ambiental no puede construirse de manera unilateral, sino mediante la participación activa del campesinado y el reconocimiento de sus derechos, en coherencia con el Acto Legislativo 001 de 2023, que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos.
“Queremos cerrar esa brecha de participación y por eso hemos hecho el esfuerzo, durante estos meses, de mantenernos activos y lo seguiremos haciendo. Este proceso no se ha adelantado desde el escritorio; nos hemos desplazado al territorio”, afirmó la ministra (e), subrayando el compromiso institucional con el diálogo directo y permanente.
El diálogo como camino para construir acuerdos
Este espacio permitió revisar los avances alcanzados tras la movilización campesina realizada en Ventaquemada, Boyacá, en 2025, y consolidar una hoja de ruta orientada a fortalecer la gobernanza territorial, garantizar la seguridad jurídica y armonizar la protección ambiental con las realidades sociales y económicas del territorio.
La ministra destacó que el instrumento que actualmente se construye reconoce el papel fundamental del campesinado en la conservación de los ecosistemas, y busca garantizar una participación efectiva en las decisiones que impactan su vida y su entorno.
Asimismo, resaltó el liderazgo del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, cuyo acompañamiento ha sido clave para facilitar el diálogo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las comunidades campesinas.
“Sabemos que su apoyo ha permitido que este ejercicio de participación avance. Confiamos en que, a medida que sigamos alcanzando nuevos logros, continuará acompañando este proceso”, expresó Vélez Torres.
Autoridades locales destacan avances y voluntad de concertación
En la jornada participaron los alcaldes de los municipios de El Espino, El Cocuy, Güicán de la Sierra y Uvita, quienes coincidieron en que el diálogo ha permitido generar avances concretos y abrir nuevos caminos para la concertación.
El alcalde de El Cocuy señaló la importancia de mantener estos espacios de conversación: “Hay que seguir dialogando. La señora ministra fue clara en que debemos continuar sentándonos: hay muchos temas por analizar y acuerdos a los que debemos llegar. El camino es el correcto”.
Por su parte, el alcalde de Güicán de la Sierra destacó que el proceso ha permitido revisar regulaciones que afectaban directamente al campesinado, evidenciando que la concertación es una herramienta efectiva para encontrar soluciones.
Participación institucional fortalece la gobernanza ambiental
El encuentro contó además con la participación de entidades clave como la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Alexander Von Humboldt, lo que refuerza el carácter integral y participativo del proceso.
Estas instituciones acompañan la construcción de acuerdos que permitan equilibrar la protección de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades que habitan el territorio.
Compromiso con el ambiente y la dignidad campesina
El Gobierno Nacional reiteró que la protección del páramo y la reserva forestal se consolidará a través del diálogo social, la construcción colectiva y el respeto por los derechos del campesinado, reconociendo su papel histórico como guardianes del territorio.
Este proceso busca no solo salvaguardar uno de los ecosistemas más importantes del país, sino también garantizar condiciones de vida digna para las comunidades, fortaleciendo la confianza institucional y la gobernanza territorial mediante el consenso y la participación.