Gobierno Nacional avanza en reconocimiento de actividades tradicionales campesinas en la Reserva Forestal El Cocuy

En cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la movilización social campesina de agosto de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la presentación de un proyecto de acto administrativo que busca reconocer las actividades económicas tradicionales desarrolladas por las comunidades en la Reserva Forestal El Cocuy, en Boyacá.

La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta tiene como propósito armonizar la conservación ambiental con las prácticas productivas campesinas que históricamente se han desarrollado en el territorio.

“Presentamos una propuesta de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales en el Cocuy sin expandir la frontera agropecuaria, manteniendo y recuperando los más importantes bienes ambientales del páramo. Con esta propuesta reafirmamos que las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua”, señaló Vélez Torres.

Como parte del proceso de construcción participativa, entre el 24 y el 26 de octubre el Ministerio llevará a cabo una mesa técnica en territorio con el fin de presentar la propuesta ante las comunidades, resolver inquietudes y fortalecer el diálogo directo con los habitantes del área de influencia.

“Queremos que las comunidades sean parte activa del diálogo sobre el futuro de su territorio. Les invitamos a participar, a dialogar y a construir con nosotras este camino. Solo así lograremos armonizar la conservación ambiental con los derechos del campesinado”, agregó la ministra (e).

Esta iniciativa representa un paso decisivo del Gobierno Nacional en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, valorando su permanencia en el territorio, sus saberes ancestrales y sus prácticas productivas sostenibles. Asimismo, reafirma el compromiso institucional de avanzar hacia un ordenamiento ambiental justo, sostenible y participativo, donde la protección de los ecosistemas y la vida campesina se fortalezcan mutuamente.

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