Ante el anuncio de un paro generalizado por parte de los mineros de carbón del municipio, programado para el próximo lunes 4 de agosto, el alcalde Germán Ricardo Camacho lideró un consejo de seguridad con participación de autoridades municipales, Policía, cuerpos de socorro, Personería, Corpoboyacá y representantes del sector minero. El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación, coordinar acciones preventivas y garantizar tanto el derecho a la protesta como la movilidad y el orden público.
La movilización fue convocada por pequeños y medianos productores de carbón, principales proveedores de la central térmica Termopaipa, en protesta por una deuda acumulada de más de 25.000 millones de pesos por parte de la empresa Gensa. La falta de pago ha desatado una grave crisis económica en la región, con la pérdida de al menos 700 empleos y la paralización de varias plantas.
“Las familias que viven del carbón atraviesan una situación crítica. Esta deuda ha generado un impacto profundo: cerca de 1.200 empleos se han visto afectados y ya se han perdido más de 700. Hoy las plantas están apagadas porque no se compra carbón”, advirtió el alcalde Camacho durante el consejo.
Aunque el paro sigue en pie, se adelantaron gestiones para encontrar una salida dialogada. Una reunión clave fue convocada para este viernes 2 de agosto a las 10:00 a. m. en Paipa, con la participación de delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, la directora de Corpoboyacá, directivos de Gensa y líderes del sector minero. El objetivo es destrabar el conflicto financiero y atender de manera estructural las problemáticas que enfrenta la minería en el municipio.
“El diálogo es el camino. Nuestro compromiso es proteger los derechos de todos los ciudadanos y evitar que la protesta derive en mayores afectaciones para la economía local, especialmente el turismo, que también se puede ver perjudicado”, subrayó Camacho, quien pidió al Gobierno Nacional asumir un papel más activo en la solución del conflicto.
El alcalde también explicó por qué la situación no se visibilizó antes. Según indicó, los proveedores guardaron silencio por temor a represalias y por acuerdos de confidencialidad establecidos con la empresa. “Hoy la situación se salió de control. El clamor del sector es ser escuchado y que se les pague lo que les deben”, sostuvo.
A pocas horas del posible paro, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, advirtió sobre la gravedad del panorama. Más de 1.000 familias estarían en riesgo económico. “Solicitamos al ministro de Minas, Edwin Palma, que junto con el Ministerio de Hacienda gestionen de manera urgente el giro de los 25.000 millones de pesos que permitirían saldar las deudas de Gensa con los mineros”, afirmó el congresista, quien sostuvo recientemente una reunión con el ministro y líderes del sector.
Castellanos destacó que no se trata únicamente de un problema financiero. “Hablamos de la sostenibilidad de un sector completo y del bienestar de cientos de familias que hoy están al borde de la quiebra. Es inadmisible que una empresa pública que operó al 100 % en 2023 hoy no tenga cómo pagar a sus proveedores”, señaló.
El congresista también propuso una auditoría de la Contraloría General de la República a las finanzas de Gensa, y reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se comprometa con una solución definitiva. “Gensa debe volver a Boyacá, ser dirigida por personas que entiendan el territorio y devuelvan la confianza a los productores locales”, manifestó.
Finalmente, durante las discusiones también se abordaron temas como la transición energética, el impulso a proyectos de energías limpias y la urgencia de avanzar en la gasificación rural. “No podemos seguir dependiendo de la leña. Llevar gas natural a nuestros campos es una deuda con la justicia ambiental y con nuestros campesinos”, concluyó Castellanos.
Mientras se acerca la fecha del paro, Paipa se encuentra en una encrucijada económica y social. Las esperanzas están puestas en la reunión de este viernes, que podría marcar el inicio de una solución integral o el desencadenamiento de una protesta de alto impacto en la región.