El personero de San Pablo de Borbur, Uriel Urazán, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de su labor de mediación durante el reciente paro minero que se prolongó por 14 días en el occidente de Boyacá.
Según relató, las intimidaciones llegaron a su teléfono personal y por mensajes de WhatsApp, en los que se le instaba a “dar un paso al costado” en su labor como representante del Ministerio Público frente a la situación minera del municipio. Las amenazas, que presuntamente provendrían de Puerto Boyacá, surgieron tras su intervención para garantizar el derecho a la protesta tanto de mineros ancestrales y guaqueros como de los trabajadores de la empresa minera.
Urazán informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) activó de inmediato la ruta de seguridad y que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, recibió el respaldo de la Asociación de Personeros de Boyacá.
El funcionario rechazó los hechos, asegurando que su labor es imparcial y que su único objetivo es proteger los derechos humanos y fundamentales de la comunidad. “Estamos en un Estado social y democrático de derecho donde la protesta legítima está permitida. Amenazar a quienes garantizamos ese derecho es reprochable”, afirmó.
Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para determinar el origen de las amenazas, mientras que la comunidad y los entes de control expresan preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos en la región.
Escrito por: Carlos Fernando Rodríguez