La actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en cumplimiento del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo ha generado una ola de reacciones en distintos municipios de Boyacá, donde propietarios de predios rurales denuncian incrementos considerables en el impuesto predial para 2026.
En entrevista con Boyacá Noticias, el director territorial del IGAC en Boyacá, Mauricio Mejía, explicó que el proceso responde a una política nacional orientada a reducir el rezago catastral que, en algunos municipios del departamento, supera los 20 e incluso 30 años sin actualización.
“Esta es una tarea país. Había municipios con más de tres décadas de desactualización. La ley exige hacer estos procesos cada cinco años, pero no siempre se cumplió”, señaló el funcionario.
El proceso, desarrollado durante 2024 y 2025, consistió en investigar los valores comerciales de los predios rurales a nivel nacional. Con base en esos estudios, el avalúo catastral fue ajustado, teniendo en cuenta que, según la normativa vigente, este no puede ser inferior al 60 % del valor comercial del inmueble.
Sin embargo, en municipios como Ráquira, Chivatá y otras localidades del departamento, ciudadanos manifestaron su inconformidad al evidenciar aumentos que, en algunos casos, duplican o triplican el valor pagado el año anterior.
“Estaba pagando 110 mil pesos y ahora me subió a 220 mil”, relató un contribuyente. Otro habitante aseguró que su impuesto pasó de 90 mil a 160 mil pesos, afectando su economía familiar. Incluso hubo quienes hablaron de incrementos cercanos al 300 %, calificando la medida como un golpe directo al campesinado.
Frente a la polémica, el alcalde de Ráquira, Julio César Rubiano, aclaró que el incremento no es una decisión municipal sino resultado de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 expedida por el IGAC. “Como entidad territorial no mandamos sobre el IGAC. Esta es una disposición del orden nacional”, afirmó.
El mandatario anunció que radicó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para ampliar los descuentos por pronto pago del 15 % al 30 %, con el fin de mitigar el impacto en los contribuyentes rurales. Además, invitó a los ciudadanos a solicitar la revisión del avalúo si consideran que no corresponde a la realidad de su predio.
Desde el IGAC se recordó que el avalúo catastral y el impuesto predial son conceptos distintos: el primero es determinado por la autoridad catastral, mientras que el segundo es un tributo municipal que debe aplicarse dentro de los límites establecidos por la ley. De acuerdo con la entidad, normas como la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019 fijan topes que impiden incrementos desproporcionados, especialmente en predios de estratos 1 y 2 o en aquellos sin construcción.
“El ciudadano puede presentar en cualquier momento una solicitud de revisión de su avalúo”, reiteró Mejía, quien además señaló que el Gobierno nacional realizó jornadas pedagógicas con alcaldes y secretarios de Hacienda para orientar la correcta aplicación de los límites legales en la liquidación del impuesto.
Mientras las administraciones municipales revisan mecanismos de alivio tributario, en el campo boyacense persiste la preocupación. Para muchos campesinos, el debate no es solo técnico sino social: temen que el incremento en los costos termine presionando la venta de sus tierras.
La actualización catastral, que busca reflejar la realidad del mercado inmobiliario rural, enfrenta ahora el reto de equilibrar la justicia fiscal con la capacidad de pago de las comunidades que históricamente han sostenido la economía agrícola del departamento.
Escrito por: Carlos Fernando Rodríguez