El Hospital Universitario San Rafael de Tunja anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, suspenderá la atención de servicios ambulatorios a los usuarios afiliados a la Nueva EPS S.A., actualmente bajo intervención, debido a la delicada situación financiera que atraviesa la institución como consecuencia del no pago de los servicios de salud ya prestados.
La medida incluye la suspensión de consultas externas especializadas, cirugías programadas y procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, el hospital precisó que la atención por el servicio de urgencias se mantendrá de manera permanente, tal como lo establece la normatividad vigente, garantizando así la atención inmediata a los pacientes que lo requieran.
Según explicó la dirección del centro asistencial, esta decisión se tomó tras agotar múltiples gestiones administrativas y financieras sin obtener una respuesta efectiva por parte de la Nueva EPS. Entre los principales incumplimientos señalados se encuentran la falta de pago oportuno, la negativa a aceptar la parametrización de las tarifas institucionales, la notificación masiva de glosas consideradas injustificadas y la inexistencia de espacios reales y eficaces para su conciliación. Esta situación, advierte el hospital, compromete seriamente su sostenibilidad financiera y su capacidad para seguir operando con normalidad.
De acuerdo con las cifras oficiales, la cartera que mantiene la Nueva EPS con el Hospital Universitario San Rafael de Tunja asciende actualmente a 137.514 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 42 % de la facturación total de la institución. Para la administración del hospital, este nivel de endeudamiento hace insostenible continuar prestando servicios ambulatorios sin recibir una contraprestación económica efectiva.
El gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Francisco Pertuz González, indicó que la decisión responde a la necesidad de actuar con responsabilidad frente a la estabilidad del centro asistencial. “Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nueva EPS durante la primera semana de diciembre y una deuda que se acerca a los 140 mil millones de pesos, el hospital se ve obligado a tomar medidas que permitan proteger su sostenibilidad financiera y garantizar una atención segura y de calidad para todos los usuarios”, manifestó.
El impacto de esta determinación será considerable en el departamento de Boyacá. Cerca de 524 mil afiliados de la Nueva EPS tanto de régimen contributivo como subsidiado, dejarán de acceder a más de 9.500 citas mensuales en consulta externa especializada, procedimientos especiales y cirugías programadas. Asimismo, alrededor de 290 cirugías mensuales no podrán llevarse a cabo bajo este convenio, lo que incrementa la presión sobre la red hospitalaria del departamento.
El Hospital Universitario San Rafael también informó que notificó de manera formal al interventor de la Nueva EPS su decisión de no renovar el contrato vigente, el cual tiene como fecha de finalización el 23 de febrero de 2026. La institución reiteró que esta determinación no obedece a una falta de compromiso con los usuarios, sino a la necesidad de preservar la viabilidad financiera del hospital y garantizar la continuidad de los servicios de salud para la población.
A esta medida se sumaron otras instituciones de la red pública de Boyacá. El Hospital Regional de Sogamoso anunció una decisión similar, al revelar que la Nueva EPS mantiene con esta entidad una deuda cercana a los 37 mil millones de pesos. De igual forma, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB) informó que la cartera pendiente por parte de la EPS asciende a 5.491 millones de pesos.
Frente a este escenario, la secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán, expresó su preocupación por la crisis que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS en el departamento y solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la adopción de acciones urgentes que permitan superar la situación. La funcionaria señaló que confía en que se logre un acuerdo rápido y se establezca un plan de pagos serio y verificable que garantice el flujo de recursos hacia la red hospitalaria de Boyacá, responsable de la atención de miles de boyacenses.
Además, se conoció que otros hospitales del departamento estarían evaluando la posibilidad de sumarse a la suspensión de servicios a la Nueva EPS, teniendo en cuenta que la problemática del no pago sería generalizada y afecta de manera directa la prestación de los servicios de salud en la región.
Hasta el momento, las directivas de la Nueva EPS no se han pronunciado oficialmente frente a las decisiones adoptadas por las instituciones hospitalarias ni han anunciado medidas concretas para hacer frente a la crisis financiera y garantizar la atención continua de sus afiliados.