Usuarios del régimen subsidiado de salud en Tunja denunciaron serias irregularidades en la entrega de medicamentos por parte del operador farmacéutico “Discolmets” contratado por Famisanar.
Según testimonios recogidos de varios usuarios, las fallas se presentan desde septiembre, cuando el servicio fue trasladado inicialmente a una bodega ubicada cerca del Hospital San Rafael y posteriormente a otra sede en el sur de la ciudad. Los afectados aseguran que deben llegar desde la madrugada y, aun así, permanecen hasta altas horas de la noche para recibir medicamentos que, en muchos casos, no son entregados de manera completa.
Las denuncias apuntan a la ausencia de prelación para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y pacientes con movilidad reducida, quienes deben hacer filas extensas en las mismas condiciones que el resto de usuarios. También se cuestiona la baja disponibilidad de personal, pese a que existen varios cubículos habilitados, lo que genera cuellos de botella y congestión permanente. De acuerdo con los ciudadanos, el argumento recurrente es la falta de inventario, obligándolos a regresar en repetidas ocasiones sin una respuesta clara.
Uno de los puntos más críticos señalados es la entrega tardía de medicamentos esenciales, como la insulina, cuya demora pone en riesgo la vida de los pacientes. Algunos usuarios aseguran haber esperado semanas o incluso meses por fármacos formulados, recibiendo solo entregas parciales. A esto se suman las trabas administrativas para obtener autorizaciones, que implican desplazamientos entre diferentes sedes, una situación que los denunciantes califican como ilógica y perjudicial para la población más vulnerable.
Los afectados también cuestionan la falta de control y respuesta por parte de las autoridades de salud locales y nacionales. Incluso relatan respuestas desalentadoras —según el testimonio— se insinuó que solo con influencias políticas se logra una atención efectiva. Ante este panorama, piden una intervención urgente de los entes de control, la revisión del contrato con el dispensador y medidas inmediatas que garanticen el derecho fundamental a la salud y el acceso oportuno a los medicamentos en la capital boyacense.
Escrito por: Darío Camargo