Una audiencia del Tribunal Administrativo de Boyacá determinó que se debe pedir a las autoridades ambientales y a los municipios que vierten las aguas residuales en la represa La Playa, cumplir con los compromisos establecidos desde hace 20 años en un fallo, ya que la situación se ha convertido en un problema de salubridad para los vecinos del sector.
Al parecer Corpoboyacá como autoridad ambiental, la Agencia de Desarrollo Rural como dueña del predio, Usochicamocha como administradora del mismo y los municipios de Tunja, Cómbita y Oicatá que como la cárcel del Barne depositan las aguas residuales en este lugar, se han ‘botado la pelota’ entre sí y se han hecho los de ‘la vista gorda’ para construir y poner en funcionamiento las PTAR.
Entre tanto los habitantes de las veredas de Rio de Piedras, Resguardo, Agua Blanca y San Antonio, principalmente, deben convivir con los fuertes olores que emanan las aguas, además de los zancudos que afectan principalmente a los más pequeños. La comunidad manifiesta que se ha convertido en un ambiente invivible y exigen de las autoridades jurídicas se tengan en cuenta las evidencias en los recursos presentados.
Se espera que el próximo 20 de octubre un magistrado del tribunal realice un recorrido por la represa en compañía de los representantes de las autoridades implicadas donde se documente el estado de la misma y se dé un ultimátum a la situación a fin de que la comunidad aledaña a este sector tenga solución definitiva pronto. (Fin – Érika Sánchez – UACP – URT)