La crisis minera en el occidente de Boyacá continúa profundizándose luego del cierre de la mina de esmeraldas operada por la empresa Coscuez Fura Gems, ubicada en la vereda Coscuez, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur. La situación ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos, sin afiliación a seguridad social y enfrentando un panorama de creciente incertidumbre económica y social.
La denuncia fue realizada por Javier Darío Páez Segura, presidente del Sindicato Nacional de Minería de Esmeraldas – Sintraminería Coscuez, quien aseguró que la empresa adeuda al menos tres meses de salario, además de prestaciones sociales, primas legales y extralegales, y aportes al sistema de seguridad social, incumplimientos que ya completan el inicio de un cuarto mes sin pagos.
De acuerdo con el dirigente sindical, la crisis se originó tras un paro comunitario relacionado con la minería ancestral, situación que dio paso a mesas de diálogo con entidades del orden nacional. No obstante, aunque se alcanzaron algunos compromisos, Páez afirmó que Coscuez Fura Gems incumplió los acuerdos y posteriormente inició el desmantelamiento de la operación minera.
“La empresa retiró el suministro de energía eléctrica, desmontó turbinas de aire y dejó abandonados frentes de trabajo y socavones, incluso algunos que estaban en producción, generando graves riesgos para la seguridad de los trabajadores y de la comunidad, en una región donde la minería es el principal sustento económico”, señaló Páez.
Ante este escenario, la compañía solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la suspensión temporal del título minero y, de manera simultánea, pidió al Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos laborales. Durante las mesas tripartitas, la empresa fue modificando su solicitud inicial —pasando de seis a cuatro y luego a tres meses— mientras las deudas laborales continuaban acumulándose.
Según el sindicato, el acuerdo establecía que la empresa debía ponerse al día con todas sus obligaciones laborales antes del 31 de diciembre de 2025 a cambio de la suspensión del título y de los contratos. Sin embargo, el 24 de diciembre, la empresa notificó que no cumpliría con dicho compromiso, lo que agravó aún más la situación.
Sintraminería Coscuez también denunció que varios trabajadores continuaron asistiendo a sus labores sin recibir salario, sin seguridad social y sin condiciones mínimas de seguridad, lo que ocasionó accidentes laborales que debieron ser atendidos con recursos propios. Tras las denuncias formales, el Ministerio de Trabajo realizó una visita de inspección y ordenó el cierre temporal de la mina, otorgando un plazo de 20 días hábiles para que la empresa se ponga a paz y salvo con sus empleados.
Pese a la gravedad del panorama, el sindicato indicó que la empresa no ha declarado quiebra ni liquidación, ni registra procesos ante la Superintendencia de Sociedades. Por el contrario, ha manifestado que el título minero continúa bajo su propiedad y que su intención es reorganizarse, buscar nuevos inversionistas y reactivar la operación.
Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es la reducción drástica de la planta laboral. Según el sindicato, antes de la crisis la empresa contaba con cerca de 486 trabajadores, cifra que actualmente se redujo a 124, situación que fue calificada como una “masacre laboral”. La organización sindical exige que, en caso de una eventual reapertura, la reincorporación se realice de forma gradual, priorizando a los trabajadores afectados y con acompañamiento sindical para garantizar transparencia.
Finalmente, Páez advirtió sobre las consecuencias sociales y de orden público que genera el abandono de frentes mineros en una zona históricamente dedicada a esta actividad. “Dejar minas sin seguridad representa un riesgo y una tentación para la comunidad. Exigimos el pago inmediato de lo adeudado y una reactivación responsable que respete los derechos laborales. Esta región también es Colombia y no puede seguir siendo olvidada”, concluyó.