El occidente de Boyacá atraviesa un momento de alta tensión social y económica tras la suspensión de operaciones de la multinacional Fura Gems en el sector de Coscuez, municipio de San Pablo de Borbur, epicentro histórico de la explotación de esmeraldas en Colombia. La decisión, tomada en medio de crecientes problemas de seguridad, ha dejado en incertidumbre a más de 600 trabajadores directos y a decenas de proveedores locales, además de reavivar los temores de que la violencia retorne a esta región, que durante décadas fue escenario de duros enfrentamientos por el control de las minas verdes.
El origen de la crisis
Fura Gems, compañía con sede en Dubái y presencia en varios países, llegó a Colombia hace aproximadamente cinco años al adquirir Esmeracol y consolidar la explotación de Coscuez, considerada una de las minas más ricas en esmeraldas del mundo. Durante este tiempo, la empresa desarrolló un proceso de modernización y abrió espacios de diálogo con los llamados guaqueros —mineros ancestrales que históricamente han vivido de la extracción artesanal de la piedra—. Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado registrado ingresos a minas que hoy ya no tienen vigilancia por parte de la empresa dejando varios mineros ancestrales y dos personas perdieron la vida. Estos hechos encendieron las alarmas de las autoridades locales y departamentales.
Incertidumbre por suspensión de operaciones
La empresa notificó que la suspensión de sus actividades responde a motivos de seguridad, a dificultades de producción y a un proceso interno de reestructuración empresarial. No obstante, la medida tomó por sorpresa a la comunidad, que asegura haber quedado en un “limbo” en medio de las mesas de concertación que se adelantaban con apoyo del Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá.
Jonatan Sánchez Garavito, asesor del Gobierno departamental y líder social de la región, expresó su preocupación por las consecuencias de esta decisión: “la suspensión afecta directamente a 600 empleos formales, pero también a centenares de familias que dependían de los ingresos que generaba la actividad minera. Además, la empresa mantiene deudas cercanas a los dos millones de dólares con comerciantes, transportadores y pequeños proveedores de la zona, lo que agrava la crisis social”.
El líder destacó que la suspensión de labores también incrementa los riesgos para quienes intentan ingresar a las minas abandonadas, pues estas se encuentran inundadas y sin ventilación adecuada, lo que ha ocasionado intoxicaciones y muertes por monóxido de carbono.
Riesgo de infiltración de actores ilegales
Otro de los puntos críticos que genera preocupación en la comunidad es la llegada de personas externas al territorio, incluidos más de 300 migrantes venezolanos que se han instalado en el área de influencia de Coscuez en busca de oportunidades. Según Sánchez Garavito, este fenómeno podría abrir la puerta a la presencia de grupos ilegales que pretendan aprovechar el vacío dejado por la empresa para ejercer control territorial y revivir disputas por las minas de esmeraldas.
“En el occidente de Boyacá sabemos lo que significó la violencia de los años ochenta y noventa, cuando las minas se convirtieron en escenarios de guerra. No podemos permitir que esta historia se repita”, afirmó el asesor.
Acciones del gobierno departamental y llamado a la Nación
La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, ya adelantó un consejo de seguridad con la participación de la Policía, el Ejército y la Agencia Nacional Minera para diseñar un plan de contingencia que permita atender la emergencia social y de seguridad.
Sin embargo, el líder regional insistió en que se requiere una acción más decidida del Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad en la zona. “Necesitamos que se definan lineamientos claros frente al paro de operaciones de Fura Gems, que se proteja a los guaqueros y a la comunidad, y que se obligue a la compañía a cumplir con sus compromisos sociales y económicos”, recalcó Sánchez Garavito.
Mesas de concertación y llamado a la paz
En los próximos días, la Alcaldía de San Pablo de Borbur convocará una nueva mesa de concertación entre comunidad, autoridades y representantes de la empresa, con el propósito de diseñar un plan de contingencia a mediano plazo. Este incluiría medidas de seguridad, prevención de accidentes en las minas abandonadas y el manejo de la crisis laboral y social generada por la suspensión.
Finalmente, Sánchez Garavito hizo un llamado a la unidad de los boyacenses y al respeto por la paz conquistada hace más de tres décadas: “En los años noventa decidimos perdonarnos y vivir en tranquilidad. Hoy debemos mantener ese valor y trabajar juntos para que la región no vuelva a caer en la violencia. El occidente de Boyacá merece oportunidades, inversión, diálogo y respeto tanto por parte de las empresas como del Estado”.