Según Humberto Sierra quien hace parte de los oficiales en uso de buen retiro del departamento, este es un problema estructural, desde la misma organización del sistema de salud de las fuerzas militares que está dividido en una dirección general de sanidad y luego por cada fuerza hay otra unidad. “Existe una División de sanidad para el Ejército nacional, una para los miembros de la Fuerza aérea colombiana y otra para la Armada, estos tipos de división afectan sobre todo en la contratación especialmente en las partidas que les asignan a las provincias (…) Por ejemplo, la contratación de Boyacá se hace en Bucaramanga” explicó el oficial (R).
Según el oficial, se envían partidas de aproximadamente 400 millones de pesos al año para contratar con la red externa en las regiones, recursos que no alcanzan para cubrir la demanda de servicios de los más de 10.000 retirados y sus familias; esta situación se habría justificado año tras año debido a un déficit con el que contaba la Dirección, sin embargo, Sierra confirma que el año pasado el gobierno nacional logró subsanar dicha dificultad presupuestal pero aún los graves inconvenientes en materia de atención persisten.
“Hasta el año pasado Sanidad militar se venía escudando en este déficit pero en el 2021 se canceló con un aporte que hizo el gobierno nacional, lo ilógico es que ahora nos salieron con que no contrataron antes de ley de garantías y aún no hay servicios con la red externa, tenemos que desplazarnos hasta Bogotá, hay muchas citas y procedimientos represados y no se tiene una solución a la vista hasta que no pase la ley de garantías” afirmó. Además, reiteró que una de las más graves preocupaciones es que la gran mayoría de oficiales y suboficiales retirados en Colombia tienen avanzada edad y requieren de procedimientos y atención continua.
Actualmente cursa en el congreso de la república un proyecto de ley para reformar la Dirección de Sanidad Militar y lograr que se centralicen los servicios en una sola unidad para que sea más eficiente, además que los recursos sean pagos por evento en las provincias y se garantice la atención a todos los usuarios, sin embargo, no hay garantías de que esta iniciativa sea una realidad en este periodo legislativo. (Fin – UACP – URT)