Habitantes del municipio de Toca reclaman el derecho sobre el uso de las aguas de la represa de La Copa, luego del fallo del Consejo de Estado que resalta que éste es un bien de uso público y que no se debe impedir el disfrute general de esta represa pues es un derecho inalienable del pueblo.
José Amador López, líder de la comunidad y cabeza de los procesos, relató que en enero de 2011 presentó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá una acción popular en contra de la Nación, representa por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, Corpoboyacá y otras entidades, a través de la cual solicitaba se terminaran unos atropellos que aún se cometen en contra de personas del municipio de Toca.
“Cuando inundaron 880 hectáreas de las mejores tierras que conforman el valle, la economía tanto particular como fiscal del municipio se bajó porque el municipio dejó de captar impuestos prediales de los terrenos que fueron inundados, la productividad en cuanto a cosechas, comercio también se mermó y nunca se les pagaron las indemnizaciones o compensaciones que la ley establece para estos casos y todos estos años después lo único que ha recibido Toca desafortunadamente es una altísima cuota de hermanos nuestros ahogados allí por la falta de pericia de quienes han estado encargados, falta de vigilancia y demás”, indicó López.
Explicó que el Tribunal en primera instancia decidió de manera positiva en 2013, y que en el artículo tercero declara que el Incoder, Usochicamocha y el municipio de Toca son responsables de la amenaza y vulneración de los derechos colectivos relacionados con el espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de los desastres previsibles técnicamente.
“En esa sentencia se ordena la ejecución de una serie de situaciones a través de las cuales se buscaba que se solucione la problemática que se tiene en el embalse La Copa. Luego de haber sido impugnado ese fallo, el expediente pasó al Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera”, precisó.
En marzo de 2015 el Consejo de Estado falla ratificando la decisión de primera instancia y hace una aclaración que no se debe impedir el acceso al embalse ni tampoco su disfrute en cuanto a que se trata de un bien de uso público que forma parte del municipio.
José López manifestó que desde ese año que queda en firme la sentencia, ratificada por el Consejo de Estado hasta hoy, 2019, y que ese fallo no se ha cumplido en lo más mínimo tanto así que en octubre del año pasado se iniciaron labores por parte del Tribunal Administrativo convocando a los actores y las partes accionadas para entrar a verificar.
“Llevamos ya un año y no se ha logrado consolidar absolutamente nada, simplemente no hay voluntad ce cumplimiento por lo que hacemos un llamado a los tribunales para que hagan cumplir su propia sentencia. El Magistrado ponente del Tribunal ha estado muy atento a la situación y la semana pasada se trasladó a Toca y ante más de 200 personas se realizó una audiencia de verificación de cumplimiento”, sostuvo.
Sin embargo, de esta audiencia no se sacó ninguna conclusión porque solo se trataba, de parte de los accionantes, hacer el ejercicio de sustentación de por qué se solicita el desacato. Al final de la reunión, el Magistrado indicó que la audiencia posiblemente se repetiría a finales de enero del próximo año.
La comunidad hace un llamado a los tribunales para que hagan cumplir la sentencia a Corpoboyacá, Usochicamocha y la Agencia de Desarrollo Rural.