El cese de actividades en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP – en el país, ha dejado impactos negativos en el sector constructor así lo denunció la Cámara Colombiana de Construcción – Camacol, y quien está haciendo un llamado urgente a las autoridades competentes para que garanticen el restablecimiento del servicio público registral.
Ana Elvia Ochoa, Gerente de Camacol Regional Boyacá – Casanare explicó que el cese de actividades que, desde el pasado 28 de octubre, tiene paralizada la operación de registro, según la funcionaria esta situación agrava de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país originando procedimientos restrictivos y negativos para el acceso a la vivienda de los colombianos, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario.
La representante de Camacol aseguró que según las estimaciones del gremio, se han frenado inversiones en vivienda nueva equivalentes a 1,6 billones de pesos y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de 8.000 familias colombianas. “En el caso del departamento de Boyacá, $15.000 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 101 familias han dejado de recibir su vivienda oportunamente. Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región”, indicó Ana Elvia Ochoa.
De acuerdo con Camacol la parálisis del servicio registral tiene efectos negativos en los demás sectores de la economía, ya que todos los actos, contratos, decisiones contenidas en escritura pública que generen cambios de dominio u otro derecho real sobre bienes inmuebles deben surtir el respectivo procedimiento ante las Oficinas de Registro Público. (Fin – Fredy González – UACP – URT)