El aumento de la violencia en Catatumbo y Arauca ha forzado el desplazamiento de decenas de familias hacia Boyacá, donde enfrentan dificultades para acceder a ayuda humanitaria y, en algunos casos, estigmatización. Según la Defensora Regional del Pueblo – Regional Boyacá Luisa Fernanda Martínez, en las últimas semanas, decenas de familias han llegado a Boyacá en busca de refugio, tras ser forzadas a abandonar sus hogares por el recrudecimiento de la violencia.
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, al menos 46 personas desplazadas han arribado recientemente a municipios como Güicán, Moniquirá y Chiscas, en medio de una crisis humanitaria que se agrava con el paso de los días.
La Defensora del Pueblo Regional, alertó sobre la creciente ola de desplazamientos que está impactando a Boyacá y llamó a fortalecer la respuesta institucional. “El conflicto en Catatumbo se está intensificando y ya estamos sintiendo sus efectos en el departamento. Nuestro llamado es a la solidaridad, pero también a la acción institucional inmediata para garantizar atención humanitaria a estas familias que llegan con lo poco que pudieron salvar”
El desplazamiento forzado en el nororiente del país ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 52.000 personas han abandonado sus hogares en el último año debido a la presencia de actores armados ilegales, enfrentamientos y amenazas directas contra la población civil.
“A su llegada a Boyacá, muchas de estas familias enfrentan enormes dificultades: no cuentan con documentos de identidad, han perdido todos sus bienes y desconocen los mecanismos de ayuda disponibles. La Defensoría ha solicitado a las personerías municipales activar con urgencia los Comités de Justicia Transicional, los cuales tienen la responsabilidad de gestionar asistencia humanitaria inmediata, como alimentación, albergue temporal y orientación legal”, explicó la Defensora Regional del Pueblo.
Según la funcionaria las limitaciones en los recursos de los municipios han complicado la respuesta. “Estamos haciendo un seguimiento permanente y solicitamos a las alcaldías que garanticen una atención digna. No podemos permitir que estas personas, que han sufrido tanto, queden en el abandono, más allá de la precariedad material, muchas familias desplazadas se enfrentan a la discriminación y el rechazo en las comunidades de acogida”.
Además del fenómeno del desplazamiento, la Defensoría ha advertido sobre la creciente presencia de actores armados en zonas del departamento. En municipios de la provincia de La Libertad y Gutiérrez, como Chita, Jericó y Socotá, se han reportado actos de control territorial por parte de grupos ilegales, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales.
Frente a esta situación, la Defensoría ha solicitado la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, con el fin de analizar los riesgos en la región y definir estrategias de protección para la población civil.