Una preocupante evolución en las prácticas de extorsión ha encendido las alarmas en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. El Frente 10 “Guadalupe Salcedo” del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) ha comenzado a utilizar un inusual sistema de cobro mediante códigos QR, con el que busca modernizar y, supuestamente, “legitimar” sus exigencias económicas a comerciantes y ganaderos.
En videos difundidos por redes sociales, quien sería Antonio Medina, comandante del Frente 10, presentó a alias Richard Santos, segundo al mando, como el encargado de coordinar la recolección de estos “aportes”. En una segunda grabación, Richard Santos explicó que la organización enviará citaciones con un código QR para que las víctimas lo escaneen y verifiquen que la exigencia proviene directamente del grupo armado, argumentando que esta medida pretende evitar pagos a estafadores que operan desde cárceles del país.
Según la información divulgada, el Comando Conjunto de Oriente del EMC-FARC delegó la ejecución de los cobros a alias Yancarlos o Jean Carlos Medina y alias Sneider González, quienes operarán en los frentes 10, 28 y 45, abarcando zonas de Arauca, Boyacá y Casanare. En las imágenes compartidas, Richard Santos mostró incluso el panfleto que acompañará estas intimidaciones, marcando un preocupante uso de la tecnología en el conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos emitieron una alerta temprana advirtiendo sobre esta nueva modalidad, que evidencia cómo los grupos armados están adaptando sus métodos para incrementar la efectividad de sus operaciones ilícitas.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, rechazó con firmeza esta modalidad de intimidación, “bandidos descarados, que dicen que los están suplantando para cometer ilegalidades. Respeten a nuestra población. No paguen extorsión a nadie ni con QR ni de ninguna manera. Vamos a establecer una recompensa para capturar a estos criminales que creen que pueden venir a extorsionar a nuestra gente”.
Amaya aseguró que dialogará con el ministro de Defensa para activar una estrategia de respuesta que será coordinada con la Fiscalía y las autoridades competentes, con el fin de evitar que esta modalidad se consolide en el departamento.