En mesa de diálogo adelantada en la provincia de Occidente, autoridades y entidades de control del departamento se comprometieron a implementar estrategias para garantizar la seguridad de estos ciudadanos.
A la jornada asistieron líderes de diferentes municipios quienes tuvieron un encuentro con el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; con la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y los comandantes regionales del Ejército y la Policía, quienes lideraron la primera Mesa de Protección a la Vida.
Allí quedó en evidencia la necesidad de crear una ruta de atención que permita hacerle frente a los riesgos y amenazas de las que son víctimas quienes lideran causas sociales en Boyacá.
El Gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya manifestó su voluntad política para convocar de manera permanente a las autoridades regionales y nacionales, y avanzar en la defensa de la vida.
“Venimos al territorio a afrontar la situación con autoridades y a empoderar a los ciudadanos sobre la ruta de reacción en caso de amenazas”, dijo el Mandatario de los boyacenses, quien se comprometió además a liderar una campaña institucional para evitar la estigmatización de los líderes.
Entre tanto, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que agilizarán los trámites de las denuncias que sean presentadas por estas personas, y entregarán una rápida respuesta institucional para dar solución a sus necesidades.
En la mesa de diálogo la Defensoría del Pueblo también expresó que pondrá especial atención y hará seguimiento de manera directa a los casos de los líderes amenazados.
La Unidad Nacional de Protección, por su parte, evaluará la creación de un enlace permanente en el departamento, que permita una rápida respuesta a las demandas de protección de estos ciudadanos en riesgo.
Las estrategias de control y vigilancia, así como las visitas domiciliarias y rondas preventivas también serán reforzadas por la Policía Nacional, que durante el encuentro expresó su disposición para hacer frente a estas situaciones y proteger la vida de los boyacenses.
La encargada de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones en esta primera mesa de diálogo social, será la Procuraduría que mantendrá además un canal abierto y contacto permanente con los líderes.