El pasado martes 3 de mayo la Superintendencia de Transportes socializó el listado de 22 empresas de transporte de pasajeros que están incluidas en un pliego de cargos porque presuntamente no informaron públicamente sus tarifas a los usuarios, listado en el que se encuentran 5 empresas que tienen su razón social registrada en Boyacá u operan en buena parte del departamento.
Rápido Duitama Ltda., Autoboy S.A., Cootransbol Ltda., Flota Sugamuxi S.A., y Transportes Reina S.A., integran el listado de empresas que, según la Superintendencia, no informaron públicamente los precios a los usuarios para que estos pudieran elegir libremente y sin contratiempos el servicio que estos iban a tomar a la hora de viajar desde alguna de las 49 Terminales de Transporte que operan en Colombia.
Exactamente fue la Delegatura para la Protección de los Usuarios del Sector del Transporte la que ofició el pliego de cargos después de verificar 1.512 taquillas para la venta de tiquetes de las 277 empresas que prestan sus servicios de movilización de pasajeros en el territorio nacional.
La entidad de vigilancia describe que desde el año 2021 le estaba haciendo seguimiento a la información pública de los precios que manejaban las empresas, y que incluso impusieron algunos comparendos pedagógicos para invitarlas a cumplir con la implementación respecto a la información pública de las tarifas. Sin embargo, en varias de las taquillas operadas por esas 22 empresas investigadas, no se evidenció que informaran públicamente los precios a los usuarios, situación que para Boyacá se habría registrado en puntos de venta de las Terminales de Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.
En caso de que esas empresas señaladas de vulnerar el derecho de los usuarios, sean encontradas responsables de incumplir con apartes de la Ley 1480 del 2011, podrían recibir una sanción de hasta 700 salarios mínimos mensuales vigentes.
Aunque contra el pliego de cargos no procede ningún recurso, la Superintendencia aclaró que se van a garantizar los principios del debido proceso y el derecho a la defensa para que las empresas se defiendan de la investigación. (Fin – Jader Silvera – UACP – URT)