En un reciente informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- el Movimiento nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- documenta 293 casos que involucran a 354 víctimas de desaparición forzada, 40 casos corresponden al departamento del Meta y 253 a la región del Magdalena medio con los departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Boyacá (Puerto Boyacá).
Según Laura Montoya López investigadora nacional del movimiento y quien participó directamente en la documentación de los casos, en estos territorios las desapariciones forzadas no solo se vivieron en escenarios de conflicto armado, también de violencia sociopolítica, esto quiere decir que no fue una práctica aislada sino que se convirtió en una práctica sistemática que contribuyó a intereses de actores armados, económicos y políticos; además, buscó controlar los territorios en temas sociales, políticos y económicos.
El informe también explica que en muchos escenarios las víctimas fueron estigmatizadas y señaladas, siendo los principales responsables los actores paramilitares predominantes en ese territorio, pero también con responsabilidad de miembros de la fuerza pública especialmente batallones y fuerzas de inteligencia.
Este delito tiene una impunidad en el país de más del 99% según la investigadora. (Fin – Johanna Báez – UACP – URT)