Duitama debe pagar la indemnización por un accidente en una atracción mecánica

El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de segunda instancia condenó al municipio de Duitama y al dueño de un parque de diversiones a indemnizar a Diego Santos Triana y a su familia, por los perjuicios causados en una atracción mecánica del parque el cual no cumplía con los requisitos legales para su funcionamiento.

Los hechos se remontan al 23 de marzo del 2013, en una ciudad de hierro que funcionó temporalmente en el Municipio de Duitama, cuando el joven sufrió un accidente en la atracción mecánica denominada “La Centrífuga”, al desprenderse la silla que ocupaba, la cual no estaba bien asegurada, cayendo dentro de la misma, mientras seguía girando, resultando gravemente lesionado.

Por ese hecho, la víctima directa y sus familiares demandaron a la mencionada entidad territorial y al propietario del parque de diversiones para que se les declarara administrativa y civilmente responsables y obtener el resarcimiento de los perjuicios de orden material y moral que les fueron ocasionados. La primera por haber concedido permiso para su funcionamiento, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 1225 de 2008 y el segundo por incumplirlos.

Según indicó el Presidente del Tribunal Administrativo el Magistrado Luis Ernesto Arciniegas, la Secretaría de Gobierno como autoridad de policía, tenía el deber legal de ejercer actividades de inspección, vigilancia y control sobre el parque, por lo que de manera previa al otorgamiento del permiso, debía verificar el cumplimiento total de los requisitos dispuestos; de igual forma el representante legal de la ciudad de hierro, no cumplió la obligación de confirmar los requisitos para obtener el permiso y así desarrollar su objeto social como parque de atracciones mecánicas no permanente o itinerante.

Así las cosas, el Tribunal condenó tanto a la administración municipal a pagar el 50% de la indemnización como al dueño de la atracción a pagar el otro 50%, un valor que podría estar cercano a los $351 millones de pesos en el término de 30 días o plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, se espera poder llegar a una conciliación con las víctimas de la tragedia. (Fin – Viviana Gómez – UACP – URT)

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