La tensión crece en los territorios de páramo de Boyacá y Santander, luego de que se confirmara que las comunidades campesinas de estas regiones se movilizarán a partir del lunes 4 de agosto, como medida de presión frente al incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional en octubre de 2024.
Ante este panorama, la Gobernación de Boyacá está adelantando gestiones para evitar el paro, buscando un diálogo directo entre los líderes campesinos parameros y el Ministerio de Ambiente. El objetivo principal: resolver las dudas y preocupaciones que ha generado la implementación de la Ley 1930 de 2018, conocida como la Ley de Páramos.
Durante una primera mesa técnica desarrollada en Paipa, se abordaron los problemas derivados de dicha normativa, especialmente en lo relacionado con la delimitación de los páramos y las restricciones que esta ha impuesto a las comunidades que históricamente han habitado y trabajado en estos ecosistemas.
«La Ley de Páramos ha generado múltiples incertidumbres entre los campesinos, particularmente en torno a las actividades permitidas en el territorio. Hay dudas, por ejemplo, sobre si se puede realizar mantenimiento de vías ya construidas, dado que se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el páramo», explicó Fabio Medrano, asesor para las Regiones de la Gobernación de Boyacá.
Medrano señaló que otro de los puntos críticos es la reducción progresiva en el uso de fungicidas y químicos de aspersión, lo cual afecta directamente la producción de papa, cultivo fundamental para la economía local. «El campesinado se pregunta hasta qué punto van a limitar nuestras actividades. Estas restricciones generan un alto nivel de preocupación social en las familias que viven del trabajo agrícola en los páramos», agregó.
El funcionario destacó la participación en la mesa técnica de un asesor del Ministerio de Ambiente que fue parte del equipo que construyó la Ley 1930 en 2017-2018, lo que representa una oportunidad para aclarar y replantear algunos aspectos de su aplicación.
De cara a la nueva reunión programada para el martes 29 de julio en el Ministerio de Ambiente en Bogotá, Medrano hizo un llamado a que más entidades del Gobierno Nacional se sumen al proceso de diálogo. «Necesitamos la presencia activa del Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales y la Agencia Nacional de Tierras. La solución debe ser integral», afirmó.
Las comunidades campesinas parameras insisten en que su intención no es la confrontación, sino la defensa de sus derechos y de su permanencia digna en los territorios que han habitado por generaciones. Sin embargo, si no se evidencian avances concretos en el cumplimiento de los compromisos pactados, ratifican que el paro comenzará el 4 de agosto.