En fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en una acción popular, luego de amparar los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, vulnerados por el Municipio de Cuítiva por el procedimiento irregular en la convocatoria y otorgamiento de los subsidios de vivienda de interés social en el año 2011, cinco usuarios deberán reintegrar los dineros otorgados para tal fin.
Según la cronología de los hechos, el Concejo Municipal aprobó el empréstito para el proyecto en febrero de 2009, ocho meses después, 21 ciudadanos que no hacían parte de una misma familia se unieron para adquirir derechos y acciones sobre un lote en octubre de 2009; dos meses más tarde lo donaron a la administración y un año y cinco meses más tarde en mayo de 2011, se abrió la convocatoria para subsidio de vivienda de interés social en la Urbanización Bochica que se construiría en ese lote.
Lo anterior llevó a concluir que estas personas obtuvieron pleno conocimiento del proyecto y, frente al resto de la comunidad, tuvieron una ventaja estratégica injustificada al momento de acceder a la oportunidad de postularse para el subsidio, al punto que, de estas 21 personas, 13 fueron directamente incluidas en el listado de 20 beneficiarios, lo cual denotó la clara intención de la administración municipal de favorecerlos.
La corporación judicial indicó que también se presentó una flagrante vulneración al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, como quiera que no solo se utilizó de forma amañada y arbitraria el dinero obtenido por el Municipio a través del empréstito autorizado por el Concejo Municipal para el proyecto de vivienda de interés social, sino que el manejo de este endeudamiento se encontraba enmarcado en irregularidades que a la postre afectaron fiscalmente al municipio.
Respecto a los beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social en el proyecto “Urbanización Bochica” de Cuítiva, el Tribunal, luego de verificar la presencia de los requisitos respecto de cada uno de ellos para ser beneficiarios del mismo, concluyó que cinco de ellos debían reintegrar el valor de los subsidios que les fueron entregados de manera indexada, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. (Fin – Viviana Gómez – UACP – URT)