El Gobierno de Boyacá, en cabeza de Ramiro Barragán Adame, presentó ante la Asamblea del departamento un proyecto de ordenanza donde se elimine el cobro de estampillas en contratos del Programa de Alimentación Escolar – PAE para el segundo semestre del año 2023, teniendo en cuenta las directrices dadas por el Gobierno Nacional en el año 2022.
El proyecto fue presentado por el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Alfonso; y el director de Recaudo y Fiscalización, César Pérez Naranjo, quienes sustentaron ante los 16 diputados las razones legales y técnicas de la decisión política para garantizar la alimentación escolar que contribuye con la permanencia de las y los estudiantes en las instituciones educativas oficiales, y evita la deserción.
Tomamos la decisión de eliminar el cobro de estampillas en todos los contratos de suministro del Programa de Alimentación Escolar.
Necesitamos que no haya impedimentos para llevar el PAE a todos los colegios de Boyacá.
Gracias @AsamBoyaca por aprobar este importante proyecto. pic.twitter.com/jI3dzHtveQ
— Ramiro Barragán Adame (@RamiroBarraganA) March 30, 2023
De acuerdo a lo que explicó César Pérez, director de recaudo y fiscalización, la decisión obedece a las dinámicas y directrices que se dieron desde el Gobierno Nacional en el 2022 “Nosotros girábamos los recursos a los entes territoriales en un concepto de descentralización, modelo que fue ejemplo a nivel nacional, pero por decisión del Gobierno central, nos indicó que la modalidad de giros se podía dar hasta finalizar el año 2022 y que desde el segundo semestre de 2023 el giro lo tendrá que hacer el departamento, por ello la decisión del gobernador Ramiro Barragán es dar garantías para que los operadores del PAE puedan prestar el servicio sin ningún contratiempo y que existan operadores que se postulen; además, somos conscientes que el costo de inflación no hace tan atractivo operar el programa”.
De acuerdo con el funcionario, “la operación del programa de la alimentación escolar tendría un costo de 45 mil millones y el departamento recibiría 2. 500 millones por el tema de estampillas, con la ordenanza se permitirá que quienes quieran operar el programa, se comprometan con el programa y de esa manera garantizar la permanencia de las y los estudiantes en las instituciones educativas oficiales, evitando la deserción”. (Fin – Freddy Giovanny González Castro – UACP – URT)