La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha encendido las alertas en las regiones, especialmente por el incremento en los impuestos a licores y cigarrillos. En Boyacá, las autoridades advierten que esta medida tendría un impacto negativo en el recaudo departamental y en los recursos destinados a inversión social.
William Vargas, gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, aseguró que el aumento del impuesto al licor afectará de manera directa los ingresos que hoy se transfieren al departamento para sectores clave como la salud, la educación y el deporte. De acuerdo con sus estimaciones, Boyacá podría dejar de recibir más de 8.000 millones de pesos anuales si se reduce el consumo.
“El precio de una botella de aguardiente que hoy se consigue entre 50.000 y 52.000 pesos podría pasar a costar entre 70.000 y 75.000 pesos. Esto no solo obedece al incremento del impuesto, sino al impacto que se genera en toda la cadena de comercialización”, explicó el directivo.
Menor consumo, menor recaudo
Vargas señaló que el incremento del impuesto, que pasaría del 5 % al 19 %, provocaría una disminución significativa en las ventas. Esto, a su vez, reduciría los recursos que reciben los departamentos por concepto de este gravamen, el cual se destina directamente a programas sociales.
“Cada año, la Gobernación de Boyacá recibe más de 15.000 millones de pesos provenientes de la licorera, recursos que se invierten en salud, educación y deporte. Si el consumo cae entre un 30 % y un 40 %, esos ingresos podrían disminuir en cerca de 8.000 o 9.000 millones de pesos”, advirtió.
Riesgo de contrabando y licor adulterado
Además del impacto fiscal, el gerente de la Nueva Licorera de Boyacá alertó sobre un posible aumento del contrabando y del consumo de licor adulterado, una situación que podría poner en riesgo la salud de los ciudadanos.
“Con precios más altos, muchos consumidores buscarán opciones más baratas en el mercado ilegal. Esto podría incrementar el consumo de licor de contrabando y adulterado, generando graves riesgos para la salud pública”, concluyó.
Desde el departamento se insiste en la necesidad de revisar la medida, teniendo en cuenta sus efectos sobre el recaudo regional y la financiación de programas sociales fundamentales para la población boyacense.