En medio de un contexto de inflación persistente y de una creciente presión sobre el presupuesto de los hogares, el regreso a clases para el año lectivo 2026 vuelve a poner a prueba las finanzas de miles de familias en Boyacá y el país. La temporada escolar, tradicionalmente una de las más exigentes en materia de gasto, coincide con un alto costo de vida que obliga a los padres de familia a ajustar prioridades y hábitos de consumo.
Ante este panorama, supermercados, cajas de compensación y cadenas de descuento han activado campañas con rebajas, convenios y apoyos directos para aliviar uno de los picos de gasto más significativos del año. Estas iniciativas buscan mitigar el impacto económico que representa la compra de cuadernos, uniformes, útiles escolares y libros, a lo que se suman gastos recurrentes como alimentación, transporte y cuidado personal.
Denuncias por cobros excesivos y libros de alto costo
Sin embargo, junto a estos esfuerzos, se han conocido denuncias de padres de familia que aseguran que en algunos planteles educativos se estaría exigiendo la compra de libros “únicos” cuyo valor supera el millón 400 mil pesos, una situación que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la legalidad de estos cobros.
Frente a este tema, el director técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Boyacá, Julián Andrés Solano Sierra, explicó cuál es la normativa vigente y qué deben hacer los padres para evitar cobros que no estén debidamente autorizados.
“Los costos educativos son aprobados por el Consejo Directivo de cada institución educativa y posteriormente enviados a la Secretaría de Educación, que es la encargada de expedir la resolución de costos. Estos valores deben ser públicos y estar publicados en la página de cada institución. Aquellos costos que no estén autorizados por la Secretaría pueden considerarse ilegales”, señaló el funcionario.
Solano Sierra indicó que, una vez identificados posibles cobros irregulares, los padres de familia pueden presentar una petición ante la Secretaría de Educación correspondiente, con el fin de que el área de inspección y vigilancia realice una visita y verifique la situación. De encontrarse irregularidades, la entidad certificada es la encargada de adelantar los procesos administrativos y sancionatorios a que haya lugar.
Límites en la exigencia de libros y útiles escolares
En relación con la exigencia de libros o materiales educativos específicos, el directivo aclaró que existe normativa del Ministerio de Educación Nacional que regula este tema.
“Cada año, generalmente en el mes de septiembre, el Ministerio de Educación emite lineamientos sobre los costos educativos y los útiles escolares permitidos. Allí se establecen pautas claras para eliminar los llamados ‘útiles inútiles’ o ‘útiles únicos’. Ninguna institución educativa puede exigir un libro único que solo sea distribuido por una editorial y que tenga precios exagerados o fantasiosos”, explicó.
En ese sentido, hizo un llamado a los padres de familia para que, si evidencian la solicitud de textos escolares de alto costo y de distribución exclusiva, informen a la Secretaría de Educación o a la entidad certificada correspondiente, con el fin de verificar por qué la institución está solicitando dichos materiales.
Vigilancia a instituciones educativas privadas en Boyacá
El funcionario también precisó que en el departamento de Boyacá la Secretaría de Educación regula actualmente 110 instituciones educativas privadas que cuentan con licencia de funcionamiento, además de otras cinco o seis que se encuentran en proceso de obtenerla.
“Hasta el momento no hemos recibido quejas formales relacionadas con costos educativos o exigencias irregulares de libros en el departamento. Los costos que se autorizan corresponden principalmente a matrícula y otros conceptos permitidos por la normativa. Hay cobros que hacen parte del servicio educativo que las instituciones no pueden trasladar a las familias, y por eso es clave revisar siempre la resolución de costos de cada colegio”, añadió.
Secretaría de Educación reitera canales de control y denuncia
Por su parte, la secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco, aseguró que la entidad cuenta con una Subdirección de Inspección y Vigilancia encargada de revisar y hacer seguimiento permanente a los procesos pedagógicos y administrativos de las instituciones educativas, incluyendo los costos educativos.
“Nuestros funcionarios realizan procesos de revisión y seguimiento conforme lo dicta la ley, tanto en el componente pedagógico como en el de costos educativos, para evitar abusos. Hasta ahora no hemos recibido quejas relacionadas con útiles escolares o costos adicionales que afecten económicamente a los padres de familia”, indicó.
No obstante, la secretaria aclaró que en ciudades certificadas como Tunja, Duitama y Sogamoso, donde hay un mayor número de colegios privados, las denuncias deben presentarse directamente ante las secretarías de educación municipales.
“El llamado es a que los padres de familia informen cualquier situación irregular a la entidad certificada correspondiente. Desde allí se puede hacer el control, el seguimiento y tomar las medidas necesarias si se presenta algún abuso por parte de una institución educativa privada”, puntualizó.
Las autoridades reiteraron la importancia de que los padres de familia conozcan sus derechos, revisen las resoluciones oficiales de costos y utilicen los canales institucionales para denunciar cualquier cobro que no esté debidamente autorizado, con el fin de garantizar un regreso a clases justo y transparente para todos.